Violencia Doméstica
Esperan por un marco legal que proteja y tutele sus intereses, hijos, abuelos y hasta los propios maridos
REYNALDO HIDALGO LÓPEZ
| EL UNIVERSAL
lunes 7 de noviembre de 2011 12:00 AM
No han faltado voces que
afirmen que el hogar es uno de los lugares más peligroso de la sociedad.
Esta premisa es consistente con la visibilización de uno de los
problemas sociales más críticos del siglo XX: la violencia doméstica.
El tratamiento histórico de las relaciones familiares ha demostrado que la violencia doméstica es tan antigua como la humanidad.
Se fundamenta en una estructura de poder que permite y fomenta procesos de dominación anteriormente aceptados como naturales: el poder de corrección de los padres sobre los hijos y el sometimiento de la mujer a la voluntad del marido.
Expresiones de un modelo social tal que ha trascendido las paredes del hogar para servir de columna a toda la estructura social: el patriarcado.
Muchos han sido los rostros de la violencia doméstica tratados por científicos, políticos, legisladores y activistas, pero ninguno ha sido tan fructífero, especialmente en el campo de las políticas públicas, como la violencia contra la mujer.
La denuncia de la mujer maltratada hizo posible la entrada del Estado al seno del hogar de una manera más sensible y profunda, para comenzar a tocar las bases que cimentaban la supervivencia de un modelo de relaciones agónico.
Esta entrada permitió poner al descubierto graves problemas de abuso infantil y de maltrato a los ancianos, entre otros. Sin embargo, sigue siendo la violencia contra la mujer la protagonista del más severo enfoque del problema.
En Venezuela, la promulgación de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia en 1998 representó el primer paso firme en esa dirección. Fueron muchas las críticas que se hicieron a esta norma, como la ausencia de un esquema sancionatorio lo suficientemente severo. Las restricciones impuestas a la intervención del Estado fueron calificadas como debilidades de una ley que seguía dejando en el más absoluto desamparo a las víctimas.
El tratamiento histórico de las relaciones familiares ha demostrado que la violencia doméstica es tan antigua como la humanidad.
Se fundamenta en una estructura de poder que permite y fomenta procesos de dominación anteriormente aceptados como naturales: el poder de corrección de los padres sobre los hijos y el sometimiento de la mujer a la voluntad del marido.
Expresiones de un modelo social tal que ha trascendido las paredes del hogar para servir de columna a toda la estructura social: el patriarcado.
Muchos han sido los rostros de la violencia doméstica tratados por científicos, políticos, legisladores y activistas, pero ninguno ha sido tan fructífero, especialmente en el campo de las políticas públicas, como la violencia contra la mujer.
La denuncia de la mujer maltratada hizo posible la entrada del Estado al seno del hogar de una manera más sensible y profunda, para comenzar a tocar las bases que cimentaban la supervivencia de un modelo de relaciones agónico.
Esta entrada permitió poner al descubierto graves problemas de abuso infantil y de maltrato a los ancianos, entre otros. Sin embargo, sigue siendo la violencia contra la mujer la protagonista del más severo enfoque del problema.
En Venezuela, la promulgación de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia en 1998 representó el primer paso firme en esa dirección. Fueron muchas las críticas que se hicieron a esta norma, como la ausencia de un esquema sancionatorio lo suficientemente severo. Las restricciones impuestas a la intervención del Estado fueron calificadas como debilidades de una ley que seguía dejando en el más absoluto desamparo a las víctimas.
En 2007 entró en vigencia una norma que adopta la tendencia reciente en materia de atención al maltrato a la mujer: separarlo de la violencia familiar para abordar el problema desde una perspectiva de género. La norma se concentra en la tipificación y sanción de conductas que constituyen maltrato a la mujer en diferentes ámbitos de la vida. El problema es que dejó en el más crudo desamparo al resto de los miembros del grupo familiar, quienes aún hoy esperan por un marco legal que proteja y tutele sus intereses frente al abuso y el maltrato de quienes viven con ellos bajo el mismo techo: hijos, abuelos y, en ocasiones, los propios maridos.
La Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia del 2007 constituyó un salto cualitativo de gran importancia en las políticas de atención a la mujer. Sin embargo, el desamparo en el que quedaron los otros miembros del hogar nos coloca en la cola de los países más endeudados en la materia.
Urge llenar este vacío con una legislación, no necesariamente punitiva, sino garantista, protectora y conciliadora de las relaciones familiares, que fomente el respeto y el desarrollo personal dentro de ese espacio que, sin duda, sigue siendo privilegiado para el crecimiento del ser humano: el hogar.
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