Leopoldo Benedetti - Los fraudes fueron cometidos en Venezuela
( Video 14 De Marzo 2014 )
El gerente de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, explicó que empresarios venezolanos en “componenda” con funcionarios del gobierno venezolano se confabularon para hacer “trampa” e “inflaron” la deuda con exportadores panameños.
En declaraciones a la cadena TV de Panamá, Benedetti aseveró que el equipo técnico de trabajo del Nicolás Maduro conformado para tratar el tema de la deuda con los exportadores panameños, conocía de esas irregularidades desde octubre pasado. Además explicó cómo se realizó el fraude millonario.
Su Noticiero
Maduro:¿hacia un fraude electoral gigantesco?
Nicolás Maduro ya no halla a qué
mandatario, país u organización democrática insultar, y qué
monstruosidad decir. Bate récords conquistando enemigos, incluso algunos
de los que fueron sus “panas” y que hoy, alarmados con sus prácticas
brutales y con la miseria en la que ha hundido a Venezuela, ya no
pueden ser financiados con la anterior “regaladera” que tanto contribuyó
a vaciar las arcas públicas. Las encuestas de todo signo registran un
enorme rechazo popular, incluso de los otrora votantes chavistas. Los
desencantados “rojitos” están pasando tanta hambre, tanta angustia en
las colas de mercados vacíos, tantas enfermedades que minan su salud por
falta de fármacos y tanto acoso de la impune delincuencia, como
aquellos llamados por Nicolás “apátridas” porque nunca se tragaron los
cuentos de que “el Poder y Pdvsa son del pueblo”. Maduro ahora arrasa
los almacenes de la Polar y Cargil, en La Yaguara, que exacerbarán la
escasez y el desempleo.
Hoy sus
protegidos del Caricom y Petrocaribe le dan la espalda con su apoyo a
Guyana, envalentonada ahora con la toma ilegal del Esequibo venezolano
en reclamación, respecto a cuyas acciones invasoras tan de acuerdo
estuvieron Chávez y Maduro, su canciller por 6 años, siguiendo órdenes
de Cuba. La más reciente barbarie que encendió todas las alarmas fue
anunciada por Maduro en su visita a Ban Ki Moon para tratar el caso del
Esequibo. A su salida, frente a la sede de la ONU, ratificó
impúdicamente la condición totalitaria de su régimen y su
inconstitucional control de los poderes públicos (que en todas las
democracias del mundo constituyen un contrapeso que evita los abusos del
gobierno), al descartar tajantemente que observadores internacionales
(ONU, OEA, UE y hasta Unasur) supervisen las elecciones legislativas del
6-D: “No lo aceptaremos jamás, por nadie…Venezuela no es monitoreada,
ni será monitoreada por nadie”. Grotesca afirmación de quien, junto con
su “padre” putativo, convirtió a Venezuela en una colonia de Cuba, a la
que ambos viajaban (Maduro aún lo hace) para recibir órdenes políticas y
hasta económicas.
Las reacciones
ante la negativa de Maduro a que haya observación internacional
calificada en los comicios del 6-D para garantizar transparencia y
confiabilidad a un proceso electoral minado por el ventajismo oficial y
su obsceno control sobre cuatro de los cinco rectores del CNE, no se
hicieron esperar. Una de las críticas más contundentes fue la del
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil,
Aloysio Nunes, quien en un comunicado dado a conocer el 29 de julio
denunció que “Venezuela se encamina a un fraude electoral gigantesco” y
apuntó de que “Dilma Rousseff debería pronunciarse inmediatamente”.
Reclama Nunes el “cumplimiento de los compromisos asumidos por la
diplomacia de Brasil y reafirmados por su canciller Mauro Vieira ante el
Senado” que han sido violados por la negativa de Maduro a aceptar la
observación internacional. Recuerda el senador que “en visita a Caracas
en marzo, el canciller Viera dijo haber recibido garantías de las
autoridades electorales de que permitirían la presencia de observadores
electorales”. Sin embargo, el gobierno venezolano dice ahora “que solo
acepta la Misión de Unasur si se restringe a funciones de
‘acompañamiento’, sin verdaderos poderes para fiscalizar y monitorear el
proceso contra posibles fraudes”. Cita Nunes la visita de Henrique
Capriles al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedir el
envío de observadores de ese organismo”. Ese gesto de Almagro –quien ha
solicitado reiteradamente visitar Venezuela sin respuesta del gobierno–
fue respondido con insultos. Maduro pidió furioso “la eliminación de la
OEA por organizar conspiraciones y estar dominada por una burocracia
imperial…Tiene 67 años con golpes de Estado y conspiraciones” y emplazó a
Almagro: “O se está con Dios o con Washington”. Y Jaua, ministro de
Comunas, lo acusó de “traidor” y “antivenezolano”. Olvida Maduro los
“servicios” de la OEA de Insulza y los votos de sus países “chulos”, que
permitieron al chavismo violar los derechos humanos sin que hubiera ni
un amago de aplicar la Carta Democrática. Aquella OEA era la favorita de
Maduro. La OEA de Almagro, que está diciendo respetuosamente que está
dispuesta a enviar la Misión de Observación dos meses antes del 6-D, es
“conspiradora” y “golpista”.
¿Qué
debería hacer Almagro ante la prohibición de Maduro de una observación
calificada, distinta a la pantomima cómplice del “acompañamiento” de
Unasur, el mismo 6-D? Según el experto Rubén M. Perina, quien fuera jefe
de la Misión de OEA en Venezuela de 2000 al 2005, Almagro “debería
enviar una misiva formal al gobierno venezolano, con copia al Consejo
Permanente de la OEA, solicitando su anuencia (no la invitación) para el
envío de una MOE y si no hubiese respuesta o ésta es negativa, la Carta
Democrática, bajo el artículo 20, contempla ‘realizar una apreciación
colectiva’ de la crítica situación venezolana. Esa decisión estaría
amparada en el peligro de una ‘alteración del orden democrático’ (fraude
electoral) y de la amenaza de Maduro de que ‘será el primero en
lanzarse a la calle si la oposición gana’. La Secretaría General podría
enviar una MOE, tras consultar al Consejo Permanente, sin tener que
recibir la invitación expresa del gobierno. De ninguna manera debe
aceptarse la práctica encubridora del “acompañamiento”.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional,
advirtió esta semana que el oficialismo “tendría que hacer un
megafraude para ganar las elecciones”. Maduro y sus cuatro jinetas del
apocalipsis en el CNE, están dispuestos a todo: a un fraude gigantesco
–como advierte el senador de Brasil– o a un fraude que le quite las tres
cuartas partes a la oposición, para seguir cometiendo sus tropelías.
Por eso, como dice María Corina Machado, “es hora de actuar como la
mayoría que somos” y emprender una activa campaña de contactos masivos
internos y externos que exija observadores calificados y advierta del
posible fraude, al que debemos responder no con abstención, sino con
nuestro voto masivo el 6-D. Votando en masa, tendremos la autoridad
moral y las pruebas para nuestros activos reclamos, que serán también
masivos, dentro y fuera de Venezuela. ¿Resistirá el muy debilitado
Maduro una protesta popular de tal calibre?
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de capitales
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas
En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.
El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.
El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.
En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.
El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.
Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen.
Todo queda en familia
Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros, Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y su cuñado Baldó Sansó”.
Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.
La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.
Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.
Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.
BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.
Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.
El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.
También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.
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