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Por Juan Pablo Arocha / Caracas / noticias@laverdad.com
La reformada Ley de Partidos
Políticos califica de “fraude electoral” los saltos de talanquera y
permite a los electores impulsar la suspensión. La última palabra, sin
embargo, la tiene la mayoría chavista del Parlamento
El
hemiciclo de la Asamblea Nacional, en una gráfica de archivo. El
martes, un diputado de la oposición se cambió de tolda. (Fotos: Archivo)
Domingo, 10 Febrero 2013 00:00
Si 0,1 por ciento de los electores
de los estados Miranda, Monagas y Sucre se pusieran de acuerdo –cada
entidad por separado– podrían motorizar la inhabilitación de seis
diputados de la Asamblea Nacional. Todos por “saltar la talanquera” o,
más técnicamente, por fraude electoral, tal como lo califica la Ley de
Partidos Políticos.
El último de estos legisladores, flexibles en sus posiciones
ideológicas, fue Hernán Núñez, quien el martes pasado rompió
públicamente con la oposición tras protestar falta de democracia
interna.
El artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos establece que un
número no menor a 0,1 por ciento del total de inscritos en el registro
electoral correspondiente al estado donde fue electo el diputado podrá,
si considera que incurrió en un fraude, exigir la suspensión o
inhabilitación parcial o total del legislador.
“La solicitud deberá acompañarse de
una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la
soportan”, dice la norma sobre la iniciativa que debe ser entregada a la
propia plenaria de la AN.
De la lista de parlamentarios
electos en 2010, ya van seis que cambian su postura política inicial.
Tres de ellos, María Mercedes Aranguren, Nelson Rodríguez y Jesús
Domínguez, todos del estado Monagas, rompieron filas con el chavismo
cuando se expulsó al exgobernador de su entidad, José Gregorio Briceño.
Aunque no se han sumado formalmente al bloque de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), desde su separación votan siempre alineados con este
sector.
Las bajas en la fracción de la MUD
también son tres: William Ojeda, electo en el estado Miranda; Ernesto
Paraqueima y ahora Núñez, ambos de Sucre. El balance total en curules
suma 98 diputados a favor del oficialismo, frente a 64 de la oposición.
Justo le falta un legislador al chavismo para que, con los 99 votos que
establece la Constitución, puedan aprobar una Ley Habilitante al
Ejecutivo.
En la Ley
La Ley de Partidos Políticos fue reformada por el Parlamento anterior
para incluir esta calificación de “fraude electoral”, justo antes de
entregar funciones y ver mermada la mayoría absoluta con la que contaba
el PSUV en la plenaria. Tras el boicot que pretendió hacer la oposición
en las elecciones legislativas de 2005, el chavismo logró copar todas
las curules de la AN, pero en los cinco años que duró el periodo cerca
de una docena de diputados abandonaron la causa del presidente Hugo
Chávez.
La norma es clara. En la reforma se
le agregaron seis artículos a la Ley de Partidos Políticos taxativos
sobre el comportamiento que deben tener los diputados, incluidas cuatro
“conductas fraudulentas al electorado”: votar en contra de los
postulados del programa de gestión presentado a los electores, hacer
causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta
inicial, comulgar con fuerzas políticas contrarias a los movimientos
sociales u organizaciones políticas que lo respaldaron, y separarse del
grupo parlamentario perteneciente.
Cilia Flores, entonces presidente
del Parlamento y hoy Procuradora, defendió entonces la reforma por
considerar que “quien oferta un proyecto y luego cambia está
traicionando al pueblo que lo eligió, al que le dio el voto, resulta
una oferta engañosa, una estafa, y eso no puede permitirse, eso no
tiene nada que ver con la ética”. La oposición, fuera y dentro del
Parlamento, rechazó entonces la norma por considerar que violaba el
principio de libre conciencia de los legisladores.
Poder rojo
La última palabra para suspender o inhabilitar a un diputado la
tienen, sin embargo, el propio Parlamento. “La AN someterá a
consideración de la plenaria la solicitud presentada y se decidirá por
mayoría de los diputados presentes en la sesión”, determina el artículo
30 de la norma. Esta premisa deja, en las condiciones actuales del
Legislativo, en manos del chavismo la posibilidad de concretar la
sanción contra algún asambleísta.
Si los electores de los seis
diputados disidentes emprendieran la recolección de firmas para
solicitar su suspensión, la mayoría del chavismo podría impedir que la
acción proceda contra sus ahora aliados Ojeda, Paraqueima y Núñez. En
cambio, tendrían la opción de inhabilitar a los legisladores de Monagas y
ganar tres curules, al obligar que con su desincorporación asuman sus
suplentes de tendencia oficialista.