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Electores pueden castigar a diputados “saltatalanqueras”
Por Juan Pablo Arocha / Caracas / noticias@laverdad.com
La reformada Ley de Partidos
Políticos califica de “fraude electoral” los saltos de talanquera y
permite a los electores impulsar la suspensión. La última palabra, sin
embargo, la tiene la mayoría chavista del Parlamento
El
hemiciclo de la Asamblea Nacional, en una gráfica de archivo. El
martes, un diputado de la oposición se cambió de tolda. (Fotos: Archivo)
Domingo, 10 Febrero 2013 00:00
Si 0,1 por ciento de los electores
de los estados Miranda, Monagas y Sucre se pusieran de acuerdo –cada
entidad por separado– podrían motorizar la inhabilitación de seis
diputados de la Asamblea Nacional. Todos por “saltar la talanquera” o,
más técnicamente, por fraude electoral, tal como lo califica la Ley de
Partidos Políticos.
El último de estos legisladores, flexibles en sus posiciones ideológicas, fue Hernán Núñez, quien el martes pasado rompió públicamente con la oposición tras protestar falta de democracia interna.
El artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos establece que un número no menor a 0,1 por ciento del total de inscritos en el registro electoral correspondiente al estado donde fue electo el diputado podrá, si considera que incurrió en un fraude, exigir la suspensión o inhabilitación parcial o total del legislador.
“La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la soportan”, dice la norma sobre la iniciativa que debe ser entregada a la propia plenaria de la AN.
De la lista de parlamentarios electos en 2010, ya van seis que cambian su postura política inicial. Tres de ellos, María Mercedes Aranguren, Nelson Rodríguez y Jesús Domínguez, todos del estado Monagas, rompieron filas con el chavismo cuando se expulsó al exgobernador de su entidad, José Gregorio Briceño. Aunque no se han sumado formalmente al bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), desde su separación votan siempre alineados con este sector.
Las bajas en la fracción de la MUD también son tres: William Ojeda, electo en el estado Miranda; Ernesto Paraqueima y ahora Núñez, ambos de Sucre. El balance total en curules suma 98 diputados a favor del oficialismo, frente a 64 de la oposición. Justo le falta un legislador al chavismo para que, con los 99 votos que establece la Constitución, puedan aprobar una Ley Habilitante al Ejecutivo.
En la Ley
La Ley de Partidos Políticos fue reformada por el Parlamento anterior para incluir esta calificación de “fraude electoral”, justo antes de entregar funciones y ver mermada la mayoría absoluta con la que contaba el PSUV en la plenaria. Tras el boicot que pretendió hacer la oposición en las elecciones legislativas de 2005, el chavismo logró copar todas las curules de la AN, pero en los cinco años que duró el periodo cerca de una docena de diputados abandonaron la causa del presidente Hugo Chávez.
La norma es clara. En la reforma se le agregaron seis artículos a la Ley de Partidos Políticos taxativos sobre el comportamiento que deben tener los diputados, incluidas cuatro “conductas fraudulentas al electorado”: votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los electores, hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta inicial, comulgar con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que lo respaldaron, y separarse del grupo parlamentario perteneciente.
Cilia Flores, entonces presidente del Parlamento y hoy Procuradora, defendió entonces la reforma por considerar que “quien oferta un proyecto y luego cambia está traicionando al pueblo que lo eligió, al que le dio el voto, resulta una oferta engañosa, una estafa, y eso no puede permitirse, eso no tiene nada que ver con la ética”. La oposición, fuera y dentro del Parlamento, rechazó entonces la norma por considerar que violaba el principio de libre conciencia de los legisladores.
Poder rojo
La última palabra para suspender o inhabilitar a un diputado la tienen, sin embargo, el propio Parlamento. “La AN someterá a consideración de la plenaria la solicitud presentada y se decidirá por mayoría de los diputados presentes en la sesión”, determina el artículo 30 de la norma. Esta premisa deja, en las condiciones actuales del Legislativo, en manos del chavismo la posibilidad de concretar la sanción contra algún asambleísta.
Si los electores de los seis diputados disidentes emprendieran la recolección de firmas para solicitar su suspensión, la mayoría del chavismo podría impedir que la acción proceda contra sus ahora aliados Ojeda, Paraqueima y Núñez. En cambio, tendrían la opción de inhabilitar a los legisladores de Monagas y ganar tres curules, al obligar que con su desincorporación asuman sus suplentes de tendencia oficialista.
El último de estos legisladores, flexibles en sus posiciones ideológicas, fue Hernán Núñez, quien el martes pasado rompió públicamente con la oposición tras protestar falta de democracia interna.
El artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos establece que un número no menor a 0,1 por ciento del total de inscritos en el registro electoral correspondiente al estado donde fue electo el diputado podrá, si considera que incurrió en un fraude, exigir la suspensión o inhabilitación parcial o total del legislador.
“La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la soportan”, dice la norma sobre la iniciativa que debe ser entregada a la propia plenaria de la AN.
De la lista de parlamentarios electos en 2010, ya van seis que cambian su postura política inicial. Tres de ellos, María Mercedes Aranguren, Nelson Rodríguez y Jesús Domínguez, todos del estado Monagas, rompieron filas con el chavismo cuando se expulsó al exgobernador de su entidad, José Gregorio Briceño. Aunque no se han sumado formalmente al bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), desde su separación votan siempre alineados con este sector.
Las bajas en la fracción de la MUD también son tres: William Ojeda, electo en el estado Miranda; Ernesto Paraqueima y ahora Núñez, ambos de Sucre. El balance total en curules suma 98 diputados a favor del oficialismo, frente a 64 de la oposición. Justo le falta un legislador al chavismo para que, con los 99 votos que establece la Constitución, puedan aprobar una Ley Habilitante al Ejecutivo.
En la Ley
La Ley de Partidos Políticos fue reformada por el Parlamento anterior para incluir esta calificación de “fraude electoral”, justo antes de entregar funciones y ver mermada la mayoría absoluta con la que contaba el PSUV en la plenaria. Tras el boicot que pretendió hacer la oposición en las elecciones legislativas de 2005, el chavismo logró copar todas las curules de la AN, pero en los cinco años que duró el periodo cerca de una docena de diputados abandonaron la causa del presidente Hugo Chávez.
La norma es clara. En la reforma se le agregaron seis artículos a la Ley de Partidos Políticos taxativos sobre el comportamiento que deben tener los diputados, incluidas cuatro “conductas fraudulentas al electorado”: votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los electores, hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta inicial, comulgar con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que lo respaldaron, y separarse del grupo parlamentario perteneciente.
Cilia Flores, entonces presidente del Parlamento y hoy Procuradora, defendió entonces la reforma por considerar que “quien oferta un proyecto y luego cambia está traicionando al pueblo que lo eligió, al que le dio el voto, resulta una oferta engañosa, una estafa, y eso no puede permitirse, eso no tiene nada que ver con la ética”. La oposición, fuera y dentro del Parlamento, rechazó entonces la norma por considerar que violaba el principio de libre conciencia de los legisladores.
Poder rojo
La última palabra para suspender o inhabilitar a un diputado la tienen, sin embargo, el propio Parlamento. “La AN someterá a consideración de la plenaria la solicitud presentada y se decidirá por mayoría de los diputados presentes en la sesión”, determina el artículo 30 de la norma. Esta premisa deja, en las condiciones actuales del Legislativo, en manos del chavismo la posibilidad de concretar la sanción contra algún asambleísta.
Si los electores de los seis diputados disidentes emprendieran la recolección de firmas para solicitar su suspensión, la mayoría del chavismo podría impedir que la acción proceda contra sus ahora aliados Ojeda, Paraqueima y Núñez. En cambio, tendrían la opción de inhabilitar a los legisladores de Monagas y ganar tres curules, al obligar que con su desincorporación asuman sus suplentes de tendencia oficialista.
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